Y los demás cuerpos armados ¿hasta cuándo? – Por Luis Octavio Cotero Bernal

Cuando de veraz se pretende ser honesto, congruente y leal no hay límites a la transparencia en lo que se hace, en lo que se dice y en lo que se debe de hacer.

El sábado pasado en el Diario Oficial de la Federación el Ejército y la Marina publicaron un catálogo o manual para la práctica de sus actuaciones contra los civiles en el que entre otras cosas se establece la obligación de grabar todos sus operativos y de esa manera evitar y sancionar a los miembros de ambos cuerpos armados que violenten los derechos humanos de los civiles en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Hasta cuándo lo harán el resto de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la prevención de los delitos, la investigación y la persecución de los delincuentes que de antemano el argumento será entre otras cosas que si no tienen armas suficientes y adecuadas para cumplir con su objetivo mucho menos tendrán para comprar video cámaras menos aún la capacidad de almacenar lo grabado en las actuaciones ministeriales y policíacas con lo que se evitarían entre otras cosas además de la violación a los derechos humanos el atraco sistemático de ministerios públicos que después de asaltar los domicilios de presuntos delincuentes piden la autorización judicial para catear domicilios y de esta manera legitimar el asalto previo a los domicilios donde se presume hay personas, objetos, productos o instrumentos vinculados a algún delito y sobre todo cuando se priva de la vida a las personas como acaba de suceder la semana pasada en un hecho en el que la Fiscalía General del Estado informa lacónicamente que en un operativo policíaco fueron abatidos supuestamente dos presuntos delincuentes y dos víctimas de secuestro sin justificar de manera adecuada y legal tal resultado y que evidencia ya sea la ineptitud, la prepotencia, la deshonestidad, la incongruencia y la ilegalidad de tal actuación lo que permitirá la impunidad en la violación de los derechos humanos y la permanencia de delincuentes con licencia que lejos de proteger a las víctimas como es su obligación y que se debió de privilegiar en tal operativo aun a costa de la evasión de los presuntos delincuentes que fueron asesinados en tal operativo.

Por eso es que esperamos que este gobierno en primer orden rescate lo que tanto se dice en los discursos de ser un auténtico estado de derecho, recupere la credibilidad hoy por hoy tan perdida por la sociedad en su gobierno, ya que no tan sólo ha recibido la agresión de los delincuentes sino de la misma autoridad por acción u omisión, ya que la procuración y administración de justicia no se debe de lograr de cualquier modo sino como está en la ley en el momento y si ya no es adecuada habrá que hacerlo para evitar el resentimiento social como se vive en este país y que Michoacán, Tamaulipas y demás estados ya no lo consintieron.

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal

Acerca del autor

Jorge Vargas

El Lic. Jorge Javier Vargas Lopez

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